Con una gran convocatoria se desarrolló el seminario “El impacto de las decisiones del Tribunal Constitucional (TC) en las causas por violaciones a los DDHH ocurridas en Dictadura”, convocado por abogados de Presidencia del Senado conjuntamente con el Estudio Jurídico Nelson Caucoto.

La jornada, realizada en la Sala de Sesiones del ex Congreso Nacional, estuvo encabezada por el presidente del Senado, Carlos Montes, y contó con la participación de representantes de diversas agrupaciones de DD.HH y abogados expertos en la materia.

Teresa Silva Retamal, secretaria de la Agrupación de Familiares de Detenidos de Chillán, abordó cómo el Tribunal Constitucional ampara a violadores de derechos humanos. En ese sentido, dijo que “el TC se ha convertido en una tercera cara en los procesos. Estamos frente a una nueva estrategia de la defensa de ex uniformados que retrasa aún más la espera que han vivido estos casos en tribunales”.

A su juicio, la búsqueda de verdad y justicia, que en su caso ha tardado 45 años, no debiera ser tan solo de los familiares sino también de la ciudadanía en su conjunto. ¿Y qué ha hecho el Estado para ir en contra de la impunidad?, nada ha hecho y nada se ha conseguido”, manifestó la dirigente.

La preocupación y alarma de los familiares y abogados de DD.HH no es menor, ya que desde el año 2015 se ha evidenciado un antes y después en los procesos. Un poco más de 30 causas por violaciones a los derechos humanos han visto interrumpida su tramitación por dictámenes del Tribunal Constitucional, instancia que ha acogido la suspensión del procedimiento, solicitada por la defensa de víctimarios, amparados en la figura de la acción de inaplicabilidad. Siendo el homicidio calificado de Miguel Estol Mery, ocurrido en Santiago, el 23 de octubre de 1973, la causa que más tiempo ha estado detenida en el tribunal, llegando a estar paralizada un año y once meses.

La mayoría de estas causas detenidas actualmente por el Tribunal Constitucional corresponden a la provincia del Ñuble. Para Patricia Parra, abogada y representante de la Agrupación de Familiares de Víctimas y Ejecutados Políticos de Chillán, “la impunidad se ha ido instalando en la Región”. Para la profesional resulta preocupante que el TC haya acogido la suspensión cautelar de la tramitación de todas las causas de derechos humanos de la región, organismo que se ha prestado para suspender cinco de los procesos relacionados con la desaparición o ejecución de doce víctimas por la dictadura en la provincia.

“Chillán es la corte que menos condenas tiene en el país, en relación al número de víctimas. El TC no hace más que sumarse a todos estos años de impunidad”, sostuvo la abogada.

Así como cada vez son más los casos que se han visto afectados por el retardo en sus condenas, también son más las presentaciones que han realizado ante el TC las defensas de ex uniformados involucrados en causas de DD.HH. El caso que más llama la atención para los querellantes es el del ex agente de la DINA, René Riveros, quien fue acusado en 2016 por homicidios calificados en el marco de la operación Cóndor y ha sido sindicado como el oficial que habría acribillado a Salvador Allende en La Moneda.

Pese a estos contundentes antecedentes, el TC tenía suspendida la causa desde octubre del 2017, tras el requerimiento de inconstitucionalidad que fue presentado por la defensa de Riveros. Luego vino un segundo requerimiento que pedía la suspensión del caso.  Finalmente, y después de meses sin ningún movimiento, en junio recién pasado el TC declara inadmisible el requerimiento, señalando que no hay fundamentos válidos y la causa fue puesta en tabla para continuar con su proceso.

¿Pero por qué el tribunal acoge un requerimiento y luego lo declara inadmisible? Para Paulina Zamorano Valenzuela, abogada de la Subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, los victimarios y sus abogados buscan cualquier vía para entorpecer la vista de los casos, con la única finalidad de dilatar y extenderlos lo más posible. No hay otra explicación para que el TC espere a llegar a las últimas instancias para declarar un recurso inadmisible”, indicó.

El abogado Francisco Jara, del Estudio Jurídico Nelson Caucoto, señala que desde 2015 a esta parte, hay una extrema deferencia respecto de estos requerimientos, otorgándose casi inmediatamente la suspensión del procedimiento, y acogiéndolos a tramitación, aun careciendo más de las veces de fundamentación plausible”.

Para el abogado socialista, Héctor Valladares “el efecto de suspensión del TC no sólo ha afectado la paralización de investigaciones y descubrimiento de verdad, también ha impedido y ha frenado sentencias importantes. La suspensión de estas causas pretende evitar llegar al cúmplase de las sentencias. Estamos frente a la más seria y contundente manera de trabar la verdad y justicia”.