Un balance sobre la justicia, las medidas de reparación, impunidad y sobre cuáles son los lineamientos que debiera considerar una nueva Constitución para el país, fueron algunos de los temas abordados en la primera jornada del Ciclo de Conversatorios de DD.HH.: “Nosotras, Nosotros y Nuestros Derechos”, iniciativa organizada por el Estudio Jurídico en conjunto con el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, la Escuela de Cine de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y la Productora Factoría Espectra.
La primera sesión contó con la participación de los abogados Nelson Caucoto, Francisco Ugás y Freddy Henríquez, todos con experiencia en litigaciones en procesos judiciales relativos a la investigación y sanción de crímenes de la dictadura, y estuvo encabezada por la destacada periodista Mónica González, Premio Nacional de Periodismo 2019.
Al hacer un repaso de cómo se ha comportando la justicia en los últimos 40 años, sus avances y retrocesos, el abogado Nelson Caucoto señaló que en materia judicial estamos al debe, ya que “solo a partir del año 2000 y 2003, se comenzó hacer justicia. Les dimos 30 años a los violadores de derechos humanos para andar libres de sus responsabilidades”.
El jurista explicó que desde el año 2000 al 2003 se han concretado 400 procesamientos que en 27 años anteriores no existieron, y que del total de condenados por los tribunales de justicia, solo un tercio llega a la cárcel y el 70% queda en libertad.
“Esto habla que algo se hizo mal en los gobiernos de transición democrática. Con gobiernos democráticos, en pleno año 1997, se aplicaba la Ley de Amnistía. Tenemos un gran problema en materia de justicia y es que los jueces han vuelto a aplicar la media prescripción, lo cual es un enemigo bárbaro porque baja penalidades de crímenes horrendos y dejan a una persona en libertad”, sostuvo.
Al comparar las cifras con otras naciones de América Latina, Caucoto explica que “el promedio de penas que se aplica en Argentina es de 25 y 20 años, mientras que en Chile es de 3 a 6 años. Lo cual habla de un desbalance inmenso y un tema de impunidad encubierto”.
Para el jurista lo anterior “es un manto (de impunidad) que nos debiera avergonzar a todos los chilenos, de estar tan impávidos y tranquilos teniendo a más de 1100 chilenos que nunca más volvieron a sus casas”.
En ese sentido, Caucoto, agradeció a las agrupaciones de familiares de víctimas de la dictadura “por el pacifismo que siempre han demostrado. Jamás han hecho justicia por sus manos, lo cual es un acto de humanidad tremendo que nadie les ha reconocido”.
Una misma visión tiene el abogado Francisco Ugás, quien considera que la principal traba en materia de justicia “es la falta de voluntad política por esclarecer los hechos que ocurrieron, investigar, sancionar a los responsables, reparar a las víctimas y garantizar la no reiteración de estos”.
A su juicio, otro factor importante es el pacto de silencio que se ha establecido entre los agentes involucrados en los crímenes. “Los mismo agentes han sellado pactos de silencio que impiden conocer el paradero de un cuerpo de una víctima. Esto pasa porque el Estado no ha adoptado todas las medidas para que éstos declaren ante la justicia. El Estado ha sido poco hábil y no ha tenido voluntad al respecto, ya que se pudo ser más inquisitivo en llegar a la verdad”.
Ugás explica que “solo años después del termino de dictadura se comenzaron impulsar acciones de investigar y reparar, pero esos límites y esos acuerdos de la transición fueron movidos por agrupaciones y diversos actores como comunicadores y abogados, quienes reclamaban ante la judicatura y también ante las autoridades políticas, que se cumpliera con lo que el Estado de Chile debiera hacer ante una barbarie y crímenes de lesa humanidad”. Agregando que esto “ha contribuido para que el discurso de los derechos humanos fuera permeando en la judicatura, la cual era muy reticente, y ha ido entendiendo que hay un marco jurídico internacional que era importante tener en consideración”.
Reparación
A lo largo de su carrera, el abogado Freddy Henríquez, especialista en reparación de víctimas de crímenes de lesa humanidad, ha conocido de cerca el largo y tortuoso camino de justicia y reparación tanto para las víctimas como para sus familiares y, por lo mismo, destaca la valentía de quienes han vivido la tortura y desaparición de un ser querido.
“Muchos de nuestros patrocinados/as era incapaces de valorar la fuerza que supone el paso lento hacia la justicia y de su voz interior. Unos de los matices de la reparación es la capacidad de mirarse asimismo y aprender de las víctimas, porque son mucho más que eso, son un ejemplo de la dignidad humana, ya que son capaces de seguir de pie sin recurrir a la venganza; son un ejemplo de capacidad de resistencia, pues vencieron al peor de los dictadores: al miedo”. Agrega que “si algo podemos hacer, es aprender de las víctimas, ya que otro en su lugar, quizás, no hubiera sido capaz de dar ningún paso con todo ese dolor encima”.
Henríquez explica que el miedo es posiblemente el factor que incide a la hora de no ejercer el derecho a reparación y, por lo mismo, agradeció el trabajo realizado por las diversas agrupaciones de salud mental y de apoyo emocional “por ayudar a sobrellevar el daño causado, así como aquellas personas que colaboran con sus testimonios en los tribunales, ya que son verdaderos portavoces de las víctimas y nos acercan al misterio del dolor humano”.
Proceso Constituyente
En momentos en que el país se encuentra en pleno debate con miras a una nueva Constitución, diversos actores políticos, sociales y vinculados al ámbito de la justicia y los derechos humanos han levantado la voz para aportar acerca de cuáles son las bases que debiera considerar una nueva carta fundamental.
Para el abogado Nelson Caucoto “la discusión de una nueva Constitución tiene que ser un camino muy fértil a lo que es la demanda ciudadana. Lo que deben entender los políticos y quienes estarán a cargo de su contenido y redacción es que nada se puede hacer al margen de los derechos humanos”.
A su juicio, “los derechos sociales deben estar garantizado en la Constitución y deben ir de la mano con la acción jurisdiccional. Quiero volver a escuchar decir a los ministros de la Corte Suprema que no hay poder por sobre los derechos humanos, ya que eso me da una tremenda sensación de confiabilidad hacia un futuro mejor”.
Para Francisco Ugás la base de una nueva Carta Magna se debe asentar en principios muy distintos a la que tenemos en la actualidad “La Constitución del 80 no es que haya olvidado los derechos sociales, económicos y culturales en término de darle mecanismos de eficacia. Nunca se les quiso dar esa eficacia, más bien se les ignoró. Y uno de los grandes desafíos es que la nueva Constitución debe tener en consideración que todos los derechos humanos se transformen en fundamentales”, puntualizó.
