La nueva jornada estuvo moderada por el periodista y Premio Nacional de Periodismo 2011, Sergio Campos y contó con la participación de los abogados de Derechos Humanos, Pablo Fuenzalida y Verónica Reyna. Además de los testimonios de víctimas sobrevivientes y sus familiares representada en la voz de Humberto Lagos Schuffeneger y Flor Lazo Maldonado.
Este 11 de septiembre se cumplen 47 años del golpe militar que terminó con el gobierno democrático de Salvador Allende. A cuatro décadas de que comenzaran las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y de que se perpetraran crímenes de lesa humanidad por la dictadura, se realizó un nuevo encuentro de conversación denominado “Justicia Transicional y los derechos de las víctimas de crímenes de lesa humanidad”, con el objetivo de debatir y ser un aporte acerca de los avances y acceso en materia de justicia y reparación que ha habido en nuestro país con miras a una nueva Carta Fundamental.
Si bien el trabajo de la Vicaría de la solidaridad, Fundación de Ayuda Social de las Iglesias, FASIC, Comité Pro Paz y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre muchas otra entidades que trabajaron para enfrentar la represión y la violación de los derechos humanos en Chile, durante diecisiete años, en las últimas tres décadas en Chile ha habido justicia transicional política y judicial. Las más importantes desde el punto de vista político es la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación conocida como “Comisión Rettig” y la Comisión Nacional sobre prisión política y tortura, “Comisión Valech” que reconocieron el carácter sistemático de las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad.
“Hasta la detención de Pinochet en Londres en el año 1998 sólo tuvimos dos casos emblemáticos en materia de justicia transicional en materia judicial como el caso Letelier y el Caso Degollados, es a partir de ese año que se comienzan a interponer querellas criminales, a vencer la Amnistía, la prescripción y empezamos a lograr sacar las causas de la justicia militar para dárselas a jueces con dedicación exclusiva y es ahí donde comienza la justicia transicional en materia judicial”, señala Pablo Fuenzalida Valenzuela, abogado de DD.HH., litigante en procesos judiciales relativos a la investigación y sanción de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, y a la reparación de las víctimas.
Punto en que coincide Verónica Reyna, abogada de DDHH. Asesora Jurídica de FASIC. Miembro del Directorio del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, ya que afirma que a pesar de los avances lo que no se pudo lograr durante de la década de los 90 fue la justicia. “Antes de que Pinochet fuera detenido en Londres acá no había ningún avance judicial en estas causas porque los familiares desde el primer momento golpearon las puertas de los tribunales y no tuvieron ninguna apertura por parte de éstos. No había ningún interés por parte de la justicia por investigar y esclarecer estos hechos”.
El Horror de Paine y Consejos de Guerra
Porque un país sin memoria es un país sin identidad es que son valiosos los testimonios de las víctimas de familiares y sobrevivientes de la represión. En este sentido, un caso emblemático del horror imperante en dictadura lo constituye el secuestro, la ejecución política y desaparición de 70 trabajadores y campesinos de Paine, ocurrido entre septiembre y noviembre de 1973. Comuna con el mayor número de víctimas en una localidad. Tal como sostiene Flor Lazo, asistente social y presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine “llevamos 47 años esperando por justicia y en ese camino han fallecido las esposas, hijos y familiares de los ejecutados de Painequienes se fueron buscando saber la verdad sobre dónde se encuentran sus familiares y la Constitución no puede seguir amparando este tipo de desigualdad e injusticia que hoy día viven estas familias”.
Un caso simbólico en materia de justicia lo representa el de Enrique Lagos, hermano de Humberto Lagos Schuffeneger, abogado y ex abogado de la Vicaría de la Solidaridad, detenido en 1973 en Osorno y llevado al regimiento Tucapel de Temuco donde un Consejo de Guerra lo condenó junto a otros 22 jóvenes, hombres y mujeres, entre ellos mapuches, a penas terribles. “En enero del 2018 presentamos un recurso de revisión junto a los abogados Nelson Caucoto y Francisco Ugás,adjuntando todos los antecedentes para que se declarara nula la sentencia de ese Consejo de Guerra y la Corte Suprema acogió el recurso seis meses después de presentado. Y ese recurso ha sido básico para lograr que otros casos similares en términos de justicia de nulidad de Consejos de Guerra estén siguiendo el mismo camino”, sentencia Lagos.
“La modificación de las instituciones va a tener que trabajarse a fondo y eso sólo será posible cuando tengamos una nueva Constitución, sino recordemos lo que pasó hace pocos días cuando al general Stange se le estaba honrando con asignar su nombre a una institución de carabineros, eso indica que todavía las situaciones de orden represivo, las simpatías que se dan respecto al perverso régimen militar están presentes. Entonces aquí necesitamos cambios sustantivos y esos cambios solo puede llevarlos a cabo la soberanía popular a través de una nueva Carta Magna”, puntualiza el abogado Humberto Lagos.