En la audiencia de formalización que se ha extendido por más de ocho horas, en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, la fiscalía acusó a los imputados de realizar, durante el año 2017 y 2018, interceptación telefónicas en contra de siete personas, entre las cuales se encuentra el periodista Mauricio Weibel y el capitán del Ejército Rafael Harvey.
En la oportunidad, el fiscal Retamal señaló que se interceptaron comunicaciones fuera de los márgenes permitidos por la Ley de Inteligencia, maniobras ilegales que habrían sido ejecutadas por la DINE y autorizadas por el Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Antonio Poblete Méndez.
En ese sentido, Retamal indicó que “no se trató de casos vinculados a actividades de inteligencia y contra inteligencia. No correspondió a casos que tuvieran por objeto resguardar la seguridad nacional y proteger al Estado de Chile y sus habitantes de las amenazas de terrorismo, crimen organizado y narcotráfico. Tampoco se trató de medidas de inteligencia que tuvieran por objeto detectar, neutralizar y contrarrestar las acciones de grupos terroristas nacionales o internacionales”.
En la oportunidad, el abogado Francisco Ugás Tapia, representante de Rafael Harvey, manifestó que dicha operación vulneró la intimidad del militar y violación de su privacidad lo que constituye un ataque manifiesto a su persona para inventarle nuevos cargos y reprimirlo por sus constantes denuncias de corrupción al interior del Ejército.
Ugás, además, denunció que en la época en que se llevó a cabo la interceptación de las comunicaciones telefónicas en perjuicio de Harvey, éste junto a su grupo de abogados se encontraba desarrollando su estrategia de defensa judicial, en el marco de la causa seguida en su contra por el presunto delito de sedición impropia, por el cual fue procesado, acusado y condenado por sentencia definitiva de primera instancia, y luego, absuelto de todo cargo por decisión definitiva de término. Asimismo, en la misma época, se estaba tramitando ante el Ministerio de Defensa Nacional, el retiro absoluto de la institución de nuestro representado.
“Amparándose en la Ley de Inteligencia, la utilizaron para vulnerar derechos fundamentales de los afectados, lo cual constituye una situación de extrema gravedad”, señaló el abogado.
El Ministerio Público solicitó la prisión preventiva para los dos formalizados, fundando la necesidad de cautela en la gravedad que la libertad de los imputados puede resultar para la seguridad social, el peligro de fuga y el peligro para el éxito de la investigación, solicitud a la que adhirieron todos los querellantes, y que, en definitiva, fue acogida por el juez de garantía, quien estuvo por rechazar las pretensiones de la defensa y ordenar la prisión preventiva respecto de ambos imputados.
