Entrevista realizada y publicada por El Ciudadano. 11 de mayo 2026, programa “Sentido Común”

El abogado de derechos humanos alertó sobre el beneficio de reclusión domiciliaria otorgado al exjefe de la DINA.

En una reciente entrevista del programa «Sentido Común» de Canal Ciudadano, el abogado y académico Francisco Bustos calificó como una situación de «impunidad» la resolución que permite al criminal de la dictadura, César Manríquez, abandonar la prisión efectiva. Explicó que este beneficio se activó luego de que el Servicio Médico Legal (SML) emitiera un informe que lo declara como «enajenado mental», permitiendo que su pena sea sustituida por el cuidado de su familia o un hospital psiquiátrico.

Para Bustos, esta decisión es sumamente cuestionable, ya que Manríquez fue un alto mando de inteligencia con formación especializada que podría estar utilizando la simulación como último recurso. El jurista detalló que, aunque el SML tiene un peso importante, una sala de la Corte de Santiago ordenó un nuevo informe al Hospital del Salvador. Dicha unidad de memoria fue categórica al señalar antecedentes de una «actitud ganancial» en el condenado, sugiriendo que podría estar simulando su condición de salud.

El profesional destacó que Manríquez no es un agente menor, sino quien estuvo a cargo de la Brigada de Inteligencia Metropolitana, de la cual dependían centros de exterminio como Villa Grimaldi. Enfatizó que el ex uniformado está vinculado a la desaparición de decenas de personas y fue un actor clave en la Operación Colombo, montaje en el que se utilizaron medios de comunicación para difundir la falsa noticia de que militantes de izquierda se asesinaban entre sí, bajo el infame titular «exterminados como ratones».

Durante la conversación con Javier Pineda, director de El Ciudadano, el académico también arremetió contra el rol del Ministerio de Justicia y su Programa de Derechos Humanos. Bustos denunció que el organismo estatal abandonó sus deberes al restarse de las discusiones sobre el cumplimiento de estas penas. Según él, existe una «decisión motivada políticamente» para favorecer a los represores, calificándolo como una falta grave a la asistencia legal que el Estado debe prestar a los familiares de las víctimas.

En la misma línea, Bustos advirtió sobre el peligro de los proyectos de ley que buscan establecer beneficios generalizados para criminales de avanzada edad. El jurista aclaró que la legislación actual ya contempla mecanismos para casos de enfermedades terminales reales, por lo que estas nuevas iniciativas serían, a su juicio, una «operación de bandera falsa» para encubrir la impunidad. De este modo, aclaró que la legislación vigente ya permite que personas con enfermedades terminales reales mueran en sus casas, por lo que estas nuevas normas solo buscarían garantizar que los genocidas de la dictadura que no cumplen con los requisitos obtengan beneficios penitenciarios.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, se sumó a las críticas contra estos beneficios, asegurando que «nos estremece cada decisión que está tomando el gobierno, sin considerarnos, como si no existiéramos», afirmó, reforzando la tesis de Bustos sobre el retroceso en materia de justicia.

Finalmente, Francisco Bustos recordó que el Estado tiene deberes internacionales de investigar, juzgar y sentenciar que no pueden cumplirse de cualquier forma. El abogado citó jurisprudencia de la Corte Interamericana para explicar que los beneficios penitenciarios no pueden transformarse en una medida de impunidad encubierta, asegurando que les preocupa que “se están desistiendo en las causas por simpatía política con los represores”, sostuvo el defensor de derechos humanos.}

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