Los abogados Nelson Caucoto Pereira, Pablo Fuenzalida Valenzuela y Francisco Ugás Tapia, quienes desde el Estudio Jurídico han actuado en las causas seguidas ante la Justicia nacional, en representación de los grupos familiares de las víctimas don Fernando Navarro, don Lincoyán Berríos, don Horacio Cepeda, don Juan Fernando Ortíz, don Héctor Véliz y doña Reinalda Pereira, manifestaron su satisfacción y alegría por dicha resolución e indicaron que esta constituye un paso muy relevante en el proceso de extradición de Adriana Rivas.
Las abogadas y los abogados del Estudio Jurídico Caucoto Abogados celebraron la sentencia definitiva de segunda instancia, dictada por la Corte Federal de Australia, que confirma la decisión de octubre pasado adoptada por el Juez Phillip Stewart, de dar curso a la solicitud de extradición de Adriana Elcira Rivas González, rechazando así la apelación interpuesta por la defensa de esta.
Rivas, ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y secretaria de su Director General, Manuel Contreras Sepúlveda, se encuentra en prisión preventiva en Sidney desde 2019, y ha sido requerida por la Justicia de Chile para su juzgamiento por los cargos que se le imputan como coautora de los crímenes de secuestro calificado de siete víctimas, todas militantes del Partido Comunista, hechos ocurridos en 1976, en Santiago.
Los abogados Nelson Caucoto Pereira, Pablo Fuenzalida Valenzuela y Francisco Ugás Tapia, quienes desde el Estudio Jurídico han actuado en las causas seguidas ante la Justicia nacional, en representación de los grupos familiares de las víctimas don Fernando Navarro, don Lincoyán Berríos, don Horacio Cepeda, don Juan Fernando Ortíz, don Héctor Véliz y doña Reinalda Pereira, manifestaron su satisfacción y alegría por dicha resolución e indicaron que esta constituye un paso muy relevante en el proceso de extradición de Adriana Rivas.
Agregaron que “anhelan que esta extradición prospere y se concrete, con el propósito de que la requerida sea posteriormente traída a Chile, para su juzgamiento y condena por parte de la Justicia nacional, a propósito de los crímenes que se le atribuyen”. Adicionalmente, señalaron que este es también “un paso relevante en la lucha contra la impunidad, sentando un mensaje muy claro para los criminales de lesa humanidad, diciéndoles a estos que serán perseguidos en donde se encuentren, para su posterior juzgamiento y sanción”.
Pese a que Rivas aún dispone de dos recursos judiciales -en rigor, puede impugnar esta resolución de la Corte Federal, para ante el Pleno de la misma Corte Federal (Federal Court); y, a su vez, la decisión de esta última puede ser impugnada para ante la Alta Corte de Australia (High Court)- y un recurso administrativo -ante el Fiscal General (General Attorney)-, la contundencia de los argumentos expuestos por la Judicatura de Australia para justificar la decisión de dar curso a la extradición de la requerida, permiten aseverar que, difícilmente, estos recursos podrían prosperar y revertir lo resuelto. En todo caso, sí debe tenerse en consideración que si la defensa de ella recurre, ello sí podría dilatar en el tiempo la extensión del procedimiento, por lo que se retardaría su juzgamiento criminal.
Rivas está acusada de haber participado en el secuestro calificado de don Víctor Díaz, ex Secretario General del Partido Comunista, y de los dirigentes y militantes de la misma colectividad política, los ya mencionados don Fernando Navarro, don Lincoyán Berríos, don Horacio Cepeda, don Juan Fernando Ortíz, don Héctor Véliz y doña Reinalda Pereira, quien estaba embarazada de cinco meses al momento de su detención. Todas las personas mencionadas fueron detenidas por agentes de la Brigada Lautaro, una brigada de exterminio de personas dependiente de la DINA, que fue la primera policía secreta de la dictadura, que operó entre 1974 y 1977. A la referida Brigada Lautaro pertenecía Rivas.
Cabe recordar, que la ex agente de la DINA se encontraba procesada por los delitos que se le imputan, con libertad provisional bajo fianza, con firma mensual y con la prohibición de salir del país, cuando se dio a la fuga en el año 2011. Se sabe que, primero, pasó por Argentina y, luego, llegó a Australia, país en donde se encuentra actualmente. El Ministro Miguel Vázquez Plaza, el año 2013, solicitó su extradición, y a comienzos del año 2014, la Corte Suprema declaró procedente la extradición de Rivas, la cual fue luego formalizada por el Estado de Chile al Estado australiano.
