“Como una señal en el sentido correcto”, calificó el  abogado Francisco Bustos, del estudio Jurídico Caucoto Abogados, la querella interpuesta por el  Consejo de Defensa del Estado (CDE) contra 13 carabineros por abusos policiales cometidos en dos casos ocurridos en el marco del estallido social en 2019.

Una de las acciones judiciales fue ingresada ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, por delitos de apremios ilegítimos, falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación contra 12 funcionarios de Carabineros y quienes resulten responsables por los daños recaídos en la persona de Moisés Órdenes (56) quien recibió una golpiza por parte de efectivos de Carabineros, el 21 de octubre de 2019, en el sector de plaza Ñuñoa.

En concreto, esta acción penal dice que un teniente y otros uniformados de la 28° Comisaría de Fuerzas Especiales golpearon a un solitario manifestante en el sector de plaza Ñuñoa, después de haber iniciado el toque de queda. Este hecho fue transmitido en vivo por televisión.

Para el abogado querellante, Francisco Bustos, del Estudio Jurídico Caucoto abogados, quien fue entrevistado para el noticiero central de Chilevisión el pasado 25 de junio, lo presentado por el CDE “es una señal en el sentido correcto, ya que se querelló por varias de las figuras penales, torturas, apremios, obstrucción a la justicia y por el delito de falsificación de instrumento público”.

Bustos,  agregó que “los funcionarios luego de la golpiza, lo detienen y le inventan unos partes, creando versión falsa que la víctima los había amenazado de muerte, versiones que fueron todas desmentidas por las imágenes que existen de los hechos”, señaló el abogado.

Según la querella, “aproximadamente a las 20:40 horas, y mientras la víctima se manifestaba con un sartén y una cuchara en la vereda norte de la mencionada plaza, descendieron de un vehículo policial y la golpearon en diversas partes del cuerpo, propinándole una patada por la espalda, lo que produjo que se cayera y azotara la cabeza contra el suelo”.

El otro caso por el que se querella el CDE es por un hecho ocurrido en diciembre del 2019, día en que un manifestante fue aplastado por dos carros policiales.

“En consecuencia, en la querella del CDE se imputa que el efectivo policial, quien se encontraba en el ejercicio de sus funciones, habría actuado con dolo, abusando de su cargo e irrogando tratos crueles e inhumanos a la víctima al embestirla con el carro que conducía”, acusa el texto penal.

En total son 21 las querellas criminales que ha presentado a la fecha el CDE y cuatro ampliaciones de las mismas por delitos cometidos durante el estallido social.