El abogado querellante Nelson Caucoto destacó que “ésta es una sentencia tremendamente importante. Yo no creo que exista en Chile un juicio por derechos humanos donde se hayan dictado cuatro presidios perpetuos“.
Nota publicada en Radio Cooperativa. Ver aquí
A más de 46 años de los hechos, la ministra en visita extraordinaria para causas de derechos humanos de la Corte de San Miguel, Marianela Cifuentes, condenó a 14 personas por el secuestro calificado de 38 personas en Paine, hechos ocurridos entre septiembre y octubre de 1973 tras el golpe militar.
En un fallo de más de 800 páginas, la jueza estableció penas de presidio perpetuo para cuatro oficiales en retiro del Ejército que integraron la Segunda Compañía de Fusileros de la Escuela de Infantería de San Bernardo.
Entre los condenados también está un suboficial de la institución, un carabinero y un civil, con penas que van entre los 10 a 20 años de cárcel.
El abogado querellante Nelson Caucoto destacó que “ésta es una sentencia tremendamente importante. Yo no creo que exista en Chile un juicio por derechos humanos donde se hayan dictado cuatro presidios perpetuos”.
“Son 38 víctimas, a estas personas desde septiembre, octubre del 73, las detienen en los distintos asentamientos que hay en Paine. Son cerca de cuatro operativos que realizaron los militares y en lugar de llevarlos a al Escuela de Infantería, simplemente los fueron ejecutando”, agregó.
AFDD: Condenas son contundentes, pero son tardías
Desde la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), su presidenta Lorena Pizarro expresó que “a pesar de ser la comuna más golpeada por la dictadura en relación a la cantidad de víctimas versus la cantidad de habitantes, han logrando mantener en alto la demanda de verdad y justicia y el recuerdo de sus familiares”.
“Me atrevo a hablar de saludar o sentir algún grado de satisfacción frente a condenas que sí son contundentes, pero son tan tardías que, como versa el dicho, cuando la justicia tarda, no es oportuna, finalmente no es justicia”, aseveró.
Al ser un fallo de primera instancia, los querellantes y las defensas podrán apelar a la Corte de Apelaciones de San Miguel e, incluso, el caso podría llegar a la Corte Suprema.