Por Nelson Caucoto Pereira.

Dos grandes desafíos o problemas enfrenta el mundo de derechos humanos en Chile. Uno, el negacionismo que se fortalece con la exposición pública de candidatos presidenciales, que han romantizado el golpe militar, señalando que éste era inevitable y lo mismo, sus trágicas secuelas.  Es decir justifican la violenta irrupción de los militares en el campo político, con el bombardeo de La Moneda y otras atrocidades cometidas durante 17 años.  Alguno ha dicho inclusive que apoyaría una nueva asonada castrense si se repitieran los hechos de antaño y se repitieran los crímenes.

La ultraderecha es sinónimo de negacionismo.

El segundo desafío, muy vinculado al anterior, es el proyecto para vaciar las cárceles militares, léanse Punta de Peuco, Colina 1 y otros existentes en regiones.

Algunos de estos candidatos ya han anunciado que dictarán amnistía o indultos en favor de los violadores de derechos humanos, actualmente presos, para enviarlos a sus hogares.

Esa es la iniciativa política.

Pero junto a ella, complementándose, ya está en marcha otra iniciativa que pretende ser en algún momento ciudadana, y que por ahora es silenciosa, invisibilizada, radicada fundamentalmente en los tribunales de justicia.

Es lo que se ha denominado acertadamente la búsqueda de «La impunidad biológica«, puesto que apunta a liberar a los presos condenados por violar derechos humanos, aludiendo a la edad o a su situación de salud.

Apelan fundamentalmente a cuadros de alzheimer, demencia senil, deterioro cognitivo o situaciones de enfermedades terminales.

Impresiona la cantidad de solicitudes que en ese sentido sus abogados han presentado en los tribunales de justicia.

La campaña ya se encuentra en pleno desarrollo, todo indica que tendrá su manifestación también en los medios de comunicación, que simpatizan con ese proyecto y, lo más importante, contemplan sumar a esta «tarea humanitaria» al Sr. Cardenal don Fernando Chomalí, en cuanto máxima autoridad jerárquica de la Iglesia Católica, y otras autoridades morales de nuestro país.

Esto va definitivamente en serio y de prosperar significará derrumbar todo el esfuerzo que, por décadas, ha realizado el mundo de derechos humanos para ver cristalizada su lucha por verdad, justicia y garantías de no repetición.

Será sin dudas revictimizante para los familiares que sufrieron la desaparición, muerte y tortura de sus seres queridos, ver que los perpetradores ya no están en la cárcel sino en sus domicilios particulares.

Duro y complejo desafío para los tribunales, para no verse engañados o sumidos en fraudes procesales, respecto de solicitudes con antecedentes médicos falsos, como ya ha ocurrido y que afortunadamente han sido detectados a tiempo, partiendo por la simulación de demencia del propio Pinochet.

Hay que alertar y convencer a los Tribunales de que la evaluación clínica que se haga de estas personas, comprende y compromete un esfuerzo multidisciplinario de profesionales experimentados en esta temática, donde no pueden estar ausentes los neurólogos, neurosicólogos clínicos y psiquiatras, personal que al parecer no forma parte de la dotación de nuestro Servicio Médico Legal (SML).

Sólo de esa manera, con una batería de informes de especialistas, más resonancias magnéticas e imagenología cerebral, se podrá arribar a diagnósticos certeros acerca de la real situación médica de estas personas. 

No puede ser tan fácil burlar los designios de los tribunales que les condenaron a penas de cárcel.

Ahora bien, sólo en presencia de resultados objetivos y validados, no habrá cuestionamientos ni oposición a que esas personas que padecen efectivamente de enfermedades terminales, o demencia senil, alzheimer u otras patologías de esa naturaleza sean finalmente entregados a sus familiares, por mandato de los tribunales.

En la actualidad hay una población de presos condenados por violación a los derechos humanos cercana a las 350 personas, repartidas en Punta Peuco, Colina 1, Centro Penitenciario Femenino y recintos carcelarios de Regiones. El año 2015, diez años atrás, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, denunciaba que sólo habían 75 condenados cumpliendo penas de cárcel.  Suma que se ha multiplicado varias veces a la fecha, lo que demuestra el nuevo impulso que recorre a nuestra judicatura y a la impronta que le impuso la Segunda Sala Penal.

La suma total de condenados por estos crímenes, pudo ser mayor inclusive, lo que se vio resentida por el fallecimiento de 457 agentes que estaban procesados o condenados.

Se ha llegado entonces a esa significativa cantidad de condenados actuales, gracias al trabajo incesante del mundo de derechos humanos (familiares, agrupaciones de víctimas, organismos y abogados) durante muchos años, y al trabajo silencioso y profesional de los tribunales de justicia, que han logrado doblegar en parte, la situación de impunidad casi total durante 30 años. (1973-2003).

Ese largo período de ausencia de condenas, repercutió negativamente en los tiempos de hoy, puesto que los represores comenzaron a ser condenados tardíamente, cuando ya habían llegado a una avanzada edad.

Todo ello no puede ensombrecer lo que ha sido el trabajo judicial en esta temática durante los últimos 20 años, siendo destacable la firme, sólida y reiterada jurisprudencia asentada por la Segunda Sala de la Corte Suprema respecto de los crímenes de lesa humanidad que han debido conocer y fallar.

Esa labor es digna de ser reconocida y halagada, puesto que han sido una potente contención frente a las alegaciones de amnistía, prescripción, cosa juzgada, contiendas de competencia, obediencia debida y otras causales de exoneración de responsabilidad o de justificación reclamadas por esos perpetradores.  Además esa misma Sala Penal, que se ha valido del derecho internacional de los derechos humanos para fundamentar sus fallos en favor de las víctimas, también ha abierto las puertas a la legítima reparación anhelada por sus familiares.

La historia nos señalará que los años claves para el progreso de las Causas por derechos humanos se asoman de 1997 en adelante, cuando se producen varios hechos muy significativos que cobrarán relevancia en el balance futuro.

1.- Se especializan las Salas de la Corte Suprema

2.- Se incorporan al máximo tribunal personalidades externas a la carrera judicial, llegando a la Sala Penal dos figuras señeras que serían un enorme aporte a los procesos por crímenes de la dictadura: don Enrique Cury Urzúa y José Luis Pérez Zañartu.

3.- Con el objeto de renovar la judicatura, se dicta una ley que ofrece un bono por retiro adelantado para jueces del máximo tribunal. (conocida como «Ley Caramelo«)

4.-Se tipifica el delito de torturas en nuestra legislación.

5.– Se establece el decálogo de los derechos del detenido, inexistente en nuestras leyes.

6.- Se acoge por la Corte de Apelaciones de Santiago la querella contra Augusto Pinochet interpuesta por Gladys Marín en nombre del Partido Comunista, designándose como Ministro sustanciador a don Juan Guzmán Tapia.

7.- Comienza una etapa que se caracteriza por una verdadera oleada de querellas contra Pinochet, que sobrepasaría los 300 libelos. Todos asumidas por el Ministro Guzmán Tapia.

8.- Se detiene a Pinochet en Londres en Octubre de 1998, generándose un impacto mundial, desplegándose en toda su dimensión el concepto de Justicia Universal. Ello repercutirá positivamente en nuestro país, a través de la valorización del derecho internacional, tan venido a menos en nuestra judicatura, hasta entonces.

9.- Se crea la «Mesa del Diálogo» en el gobierno del Presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, y liderada por su Ministro don Edmundo Pérez Yoma, que como su nombre lo dice convocaba a los familiares de víctimas, autoridades de las FFAA y personalidades morales y religiosas de nuestro país, con el objeto de lograr puntos de encuentro sobre los hechos del pasado dictatorial.

Esta iniciativa fue mirada con desdén, rechazo y sospecha por el mundo de derechos humanos, pues se preveían cierre de los juicios o generar condiciones para el regreso de Pinochet desde Londres.

Más allá del trasfondo y los prejuicios enunciados, la Mesa del Diálogo dejó como una herencia valiosísima para las investigaciones judiciales el establecimiento de los Jueces con dedicación exclusiva. Jueces que dejaban a su secretario/a el manejo de las 2000 o más Causas de su tribunal, para dedicarse exclusivamente a las 10 o 20 Causas por desapariciones de personas o ejecuciones políticas que se tramitaban en su juzgado.  Una vez al mes debían dar cuenta a sus superiores de los avances logrados. De ese modo se logró en tres años, 2000-2003, el procesamiento de 400 agentes del Estado comprometidos con esos crímenes.  Todo un récord histórico.  En tres años se lograba lo que no se consiguió en los 30 años anteriores.

Coincide ese período con la época de la mayor cantidad de confesiones logradas en este tipo de juicios.   Ello demostraba que cuando la justicia se toma en serio, con rigurosidad y profesionalismo los avances se encuentran asegurados.   Fundamental en este tiempo el papel desplegado por la PDI, y su sección de Asuntos Internos, denominado el Departamento V.

10.- Todavía no queda claro el porqué de la decisión de la Corte Suprema de poner término a la institución de los Jueces con dedicación exclusiva.

A pesar de ello, la Justicia siguió avanzando progresivamente bajo el liderazgo de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema, hasta llegar a la época actual, en que no se descansa en la dictación de fallos condenatorios contra los perpetradores.

Todas las semanas se continúa con sentencias dictadas por ese máximo tribunal, sobre la base del trabajo realizado en su momento por los jueces con dedicación exclusiva y posteriormente con los Ministros en Visita o del Fuero.

Chile ha llegado así a constituirse en uno de los poquísimos países en el mundo que prosigue haciendo justicia en derechos humanos, después de 50 años de cometidos los crímenes.  Cuestión inédita universalmente.

Esto genera un contraste con la realidad de países vecinos, tales como Perú cuyo Congreso acaba de aprobar un proyecto de amnistía que perdonará los crímenes cometidos por sus agentes entre 1980-2000.  En Argentina a su vez, el Negacionismo es parte integrante de la política gubernamental de hoy, existiendo expectativas de un perdonazo general.  Por su parte, de todos los fallos condenatorios en derechos humanos del vecino país, 8 de cada 10 condenados se van a sus casas para cumplir arresto domiciliario.

Hay en concreto en nuestro país luces rojas de alertas sobre lo que se avecina en derechos humanos.   

*Articulo de opinión publicado en www.lanuevamirada.cl